El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), es el órgano encargado de la organización y gestión de las diferentes instituciones penitenciarias establecidas o a establecerse en el país, la asistencia de los procesados, la rehabilitación de los penados y la administración de las medidas sustitutivas y alternativas a la privación de libertad.

Fue creado por la Ley de Presupuesto Nacional Nro. 18.719 del 27 de diciembre de 2010, por la cual se suprime a la ex Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación (DNCP y CR), creándose este nuevo Instituto, como instrumento del proceso de construcción de un sistema penitenciario nacional en el marco de las acciones definidas por el Ministerio del Interior y de acuerdo a los siguientes compromisos programáticos:

La construcción de un sistema penitenciario de carácter nacional, estableciendo bajo su órbita la dependencia administrativa de todas las Unidades de Internación para Personas Privadas de Libertad (UIPPL) del país.

La profesionalización de sus cuadros funcionales, mediante la incorporación de personal especializado, formado y capacitado para la gestión de las UIPPL.

La mejora y dignificación de las condiciones de habitabilidad y el aumento de plazas de acuerdo a las necesidades del sistema nacional penitenciario.

El fortalecimiento de los programas de tratamiento para la población privada de libertad, en especial aquellos dirigidos hacía la nivelación educativa y la mejora del perfil de empleabilidad, la inclusión sociolaboral, las actividades deportivas, culturales, recreativas y espacios destinados al libre culto de la fe.

El desarrollo de instrumentos de clasificación y diagnóstico de la población y la generación de propuestas de intervención individuales, ajustadas a cada persona privada de libertad.

Con la creación del Instituto se pretende pasar de un modelo meramente custodial a uno que desarrolle y promueva la rehabilitación e inclusión social de la población privada de libertad, para lo que se requiere la articulación de las políticas de seguridad y las políticas de tratamiento penitenciario.

 

 

 

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